Finalmente, se podrá reclamar el impuesto de las hipotecas
A vueltas con el IAJD
Si hacemos una línea cronológica, sobre lo que ha ocurrido en los últimos meses en torno al Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados la evolución ha sido la siguiente:
A principios de año 2018 el TS dijo que el pago del impuesto por la constitución de una hipoteca debía llevarlo a cabo el cliente.
El 16 de octubre del mismo año a través de la STS 1505/2018 el Supremo cambió su criterio estableciendo que quien debía realizar el pago del impuesto son los bancos y no los clientes.
Tras el debate surgido por la sentencia, Finalmente, el 6 de noviembre del pasado año decidieron que volverían a ser los clientes quienes pagaran el impuesto.
Tras ver la decisión final del Supremo, el Gobierno consideró que se estaba generando una inseguridad jurídica que afectaba a todo el mercado hipotecario, por lo que se reunió en Pleno para decidir sobre el asunto, tomando cartas en el asunto y modificando la ley. En concreto, aprobó el 8 de noviembre el Real Decreto-Ley 17/2018 por el que se obliga a los bancos a asumir el pago del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) vinculado a una hipoteca.
¿Y qué pasa con las hipotecas firmadas antes?
No es posible la reclamación por los clientes a la que podía haber dado lugar la sentencia STS 1505/2018, ya que se aplica la posterior STS de 6 de noviembre que dio la razón a los bancos.
Sin embargo, puede caber la posibilidad de reclamar al Estado indemnizaciones por responsabilidad patrimonial a los titulares de las hipotecas. En este caso, había que demostrar que se ha producido una lesión y que hay una relación de causalidad entre la Administración y el daño causado.
En cualquier caso, si has firmado un préstamo hipotecario y quieres recibir asesoramiento sobre su caso concreto, lo mejor es que te pongas en contacto con un abogado. Éste podrá estudiar tu caso, asesorarte e informarte sobre cómo puedes proceder o simplemente explicarte cómo funciona el impuesto.
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Aclaraciones sobre la representación propia en un juicio
¿Qué es la postulación procesal?
Cuando hablamos de postulación procesal en derecho nos estamos refiriendo a la capacidad procesal de cualquier persona, ya sea física o jurídica, que quiere incoar un procedimiento o intervenir en un juicio. Como regla general, para ello, todas las personas tienen la obligación de hacerlo mediante la representación de un procurador y la defensa de un abogado.
No obstante, no siempre es así, ya que los ciudadanos se pueden representar a sí mismos en un juicio, y ser parte en el mismo sin abogado ni procurador, según se dispone en los artículos 23.2 y 31,2 respectivamente, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que establece las contadas excepciones dispuestas en este sentido.
No obstante, incluso en estos casos previstos y autorizados por la Ley, nunca es recomendable incoar o personarse en un juicio sin contar con el asesoramiento de los profesionales.
El derecho a la desconexión se entiende como la facultad que da el ordenamiento jurídico a los trabajadores a desconectar de su trabajo fuera del tiempo de trabajo legal o convencionalmente establecido.
A raíz de los avances tecnológicos ha surgido una nueva vertiente de este derecho, denominado derecho a la desconexión digital. En concreto, esta vertiente se refiere al derecho del trabajador a no utilizar para fines profesionales, fuera de su jornada laboral, las herramientas digitales que usa a lo largo de la misma.
El objetivo principal de este derecho es garantizar el respeto del tiempo de descanso, permisos y vacaciones, así como la intimidad personal y familiar de los trabajadores y empleados, fuera del tiempo de trabajo legal o convencionalmente establecidos.
Es decir, que los trabajadores no se vean obligados a seguir conectados a través de sus dispositivos electrónicos para contestar llamadas y mensajes fuera de su horario de trabajo y, generalmente sin recibir retribución alguna a cambio.
La consideración de este derecho puede ayudar a mejorar la salud y la vida familiar de los trabajadores, potenciando la conciliación de la actividad laboral y de la vida personal y familiar.
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