Dentro del derecho mercantil nos encontramos con el derecho concursal la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, regula el concurso de acreedores, que es un procedimiento que se tramita ante los Juzgados de lo Mercantil. En su mayoría ubicados en la capital de provincia correspondiente al domicilio del deudor, y cuya finalidad esencial es alcanzar la satisfacción de los acreedores. Dicha ley opta por los principios de unidad legal, de disciplina y de sistema, siendo el procedimiento el mismo para comerciantes y no comerciantes, es decir, unidad de procedimiento.
Su presupuesto objetivo es la insolvencia, esto es, el estado patrimonial del deudor que no puede cumplir regularmente sus obligaciones. El concurso necesario es el solicitado por los acreedores del deudor y el concurso voluntario es el solicitado por el propio deudor, que deberá justificar su endeudamiento y su estado de insolvencia, actual o inminente.
Una empresa no debe dilatar instar la solicitud de concurso. A fin de evitar, en la medida de lo posible, su liquidación si fuera posible continuar desarrollando su objeto social e, igualmente, la responsabilidad de sus administradores sociales.
Los acreedores tienen derecho a personarse en el concurso de su deudor y conocer las causas de la insolvencia y su posibilidad de cobro, viniendo obligados a comunicar su crédito a la administración concursal que nombre el juez del concurso.
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