La responsabilidad penal de las empresas
2015 fue un año clave tanto para el Derecho Penal como para el Derecho Procesal Penal, ya que el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal fueron sometidos a sendas reformas durante ese año.
Con la reforma del Código Penal, se introdujo la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Esto implica la posibilidad de que la comisión de ciertos hechos delictivos se impute no solo a personas físicas que los hayan cometido en el seno de una empresa (bien sean socios, administradores, directivos o trabajadores), sino también a la propia empresa como entidad.
Esto supone que las empresas deben asumir los actos de las personas físicas que componen su organización, pudiendo llegar a ser sujetos pasivos en el proceso penal, y asumiendo las consecuencias de ello que podrá ser incluso el cierre de la sociedad.
Desde este punto de vista adquiere gran importancia el control de lo que hacen las personas físicas del entorno empresarial (socios, directivos, órgano de administración, incluso trabajadores), con objeto de que no se vulnere ninguna norma legal dentro de su actividad empresarial.
Para conseguirlo las empresas deben aplicar POLÍTICAS DE COMPLIANCE
un conjunto de buenas prácticas adoptadas por las organizaciones para identificar y evitar los riesgos legales, y la aplicación de un método de control del cumplimiento de estas buenas prácticas.
La justificación de la implantación de las políticas de Compliance y su cumplimiento, puede ser determinante a la hora de que una empresa sea o no sujeto pasivo en un proceso penal, o siéndolo sea considerado como investigado, encausado, procesado o finalmente autor de un delito.
El sujeto pasivo en el proceso penal
La reforma del 2015 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, introdujo una serie de modificaciones en cuanto a la forma de denominar al sujeto pasivo del proceso penal, que puede ser calificado como investigado, encausado o procesado a lo largo de las etapas del proceso penal, una vez se haya iniciado éste con la denuncia ante el Juez de Instrucción y hasta la sentencia del Juez de lo Penal.
¿Cuándo una persona es investigado, encausado o procesado?
Lo cierto es que se tiende a confundir (muchas veces en los propios medios de comunicación) el significado de estos tres términos, ya que en muchas ocasiones se utilizan de forma indistinta. Sin embargo, la realidad es que atienden a etapas diferentes del proceso penal.
Para comprender las diferencias entre investigado, encausado y procesado, debemos hacer distinción entre las tres fases que componen el proceso penal:
- Fase de instrucción. Es la fase de investigación que comienza cuando se tiene constancia de la existencia de un delito y se llevan a cabo tareas de investigación e identificación de los presuntos autores del mismo. El competente en este caso es el Juzgado de Instrucción que territorialmente corresponda. En esta fase procesal penal el sujeto pasivo (persona a la que se le imputan unos presuntos hechos delictivos y que serán objeto de investigación judicial es denominado investigado (antes de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se le llamaba imputado).
- Fase intermedia. Esta fase la inicia el mismo Juez instructor y consiste en determinar si los hechos que se han investigado tienen la entidad suficiente como para ser juzgados o no. Asimismo, si se estima que sí deben ser juzgados se determina quién es el órgano que debe conocer de tales hechos.
Si el Juez de Instrucción (todavía competente en esta fase), le imputa formalmente haber participado en la comisión de un hecho delictivo concreto, porque existen elementos en la investigación previa que lo relacionan con el hecho perseguido, el investigado pasará a ser encausado.
En esta parte es determinante la intervención del Ministerio Fiscal y la acusación particular.
- Fase de enjuiciamiento o juicio oral. Comienza cuando el Juez de Instrucción ha dado traslado del expediente al Juzgado de lo Penal competente para que proceda a juzgar los hechos.
El encausado procederá a ser entonces procesado: persona contra la que se dirige el procedimiento sumario ordinario, desde el momento en el que hay un auto de procesamiento.
El hecho de que haya dos jueces en el procedimiento establece una garantía, ya que el juez que dicte sentencia no estará influenciado por los actos dictados en la fase de instrucción.
En concreto, en el Derecho Procesal español, el término que se utilice en cada momento depende del grado de incriminación del sujeto presuntamente responsable de la comisión de algún delito.
Si necesitas ayuda…
Si te preocupa que tu empresa pueda incurrir en la comisión de algún tipo de delito, quieres implantar medidas para evitarlo, o que pueda ser investigada, encausada y procesada en un proceso penal, deberías ponerte en contacto con un abogado especialista en Compliance y Derecho Penal. Éste podrá indicarte cuáles son las obligaciones legales con las que debería cumplir tu empresa y las medidas que podrías llevar a cabo para evitar posibles incumplimientos y sanciones.
Los abogados/as de LAWYOU, te ayudarán
En LAWYOU contamos con abogados/as con muchos años de experiencia en diferentes ramas del Derecho, incluido el Derecho Penal y el Procesal Penal.
Por ello, nuestros abogados te pueden ayudar si quieres implantar una política de compliance en tu empresa, así como con otros asuntos relacionados con la responsabilidad penal. Si tienes cualquier duda o problema legal, no dudes en ponerte en contacto con nosotros para contarnos tu caso a través de nuestro correo electrónico info@lawyoulegal.com o, si lo prefieres, también puedes llamarnos al 602 226 895.
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