derecho al honor a la imagen vs derecho a la información

Derecho a la propia imagen, honor e intimidad vs derecho de información.

Lawyou — miércoles, 4 de septiembre de 2019

¿Qué garantiza la consititución sobre estos derechos?

La Constitución Española garantiza en su artículo 18 el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.
Igualmente la Ley Orgánica 1/1982 de 5 de mayo de protección civil del derecho a la intimidad personal y familiar, al honor y a la propia imagen, regula la protección de estos derechos. En cuanto a la imagen, como dato personal, está también protegido por el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, y de la vigente Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de Protección de Datos personales y de garantías de los derechos digitales.
Asimismo en su artículo 20 la Constitución reconoce y protege el derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.
Muchas veces hay colisión entre dos o más de estos derechos.

¿Y qué derecho prevalece?

El derecho a la propia imagen, a la intimidad y al honor, como derechos fundamentales son inalienables e intransmisibles y corresponden únicamente a la persona, otorgándole este derecho la tutela para la protección del mismo.
Por otra parte en nuestra sociedad, el derecho a la libertad de información ampara la publicación y difusión a diario de innumerables noticias y reportajes donde la imagen de innumerables personas con vis pública, semipública o privada aparecen (sin su consentimiento expreso), y donde se exponen facetas de sus vidas públicas o privadas, y datos personales, lo que puede suponer una intromisión ilegítima.
La libertad de información protege no solo un interés individual, sino el reconocimiento y garantía de la existencia de una opinión pública libre propia de un estado democrático, según se establece expresamente en la STC68/2008 de 23 de junio.
Sin embargo, para que esta libertad de información prevalezca sobre los derechos a la propia imagen, intimidad y honor, los hechos noticiables deben estar basados en la veracidad, el interés general y la relevancia pública del hecho. Igualmente la relevancia pública de la persona es un carácter a tener en cuenta en la resolución de tales conflictos.

La Ley orgánica 1/1982 establece en su artículo 8 que no constituirá infracción la difusión de la imagen de personas notorias o con cargos públicos en actos públicos, aunque muchas veces se atraviesa esa delgada línea divisoria entre vida privada y pública.
La Jurisprudencia además en innumerables ocasiones ha declarado que no debe confundirse el interés general con la mera curiosidad del público, o con su simple interés por el asunto. Tampoco debe confundirse con el mero propósito de provocar polémica.
En este sentido la STS 5162/2016 de 24 del 11, Sala de lo Civil, dio la razón a unas personas (demandantes), la hija (y su pareja) de una conocida cantante, que interpusieron demanda contra una productora audiovisual por intromisión ilegítima en el derecho al honor y a la intimidad personal y familiar, por la emisión de un reportaje relativo a aspectos personales de la vida de los demandantes. La productora fue condenada al pago de indemnización.
La sentencia se basó en el hecho de que los demandantes no eran personajes públicos y siempre habían demostrado querer preservar su intimidad.
La autorización del uso de la imagen corresponde en exclusiva a su titular, siendo un derecho de la dignidad humana dirigido a proteger la dimensión moral de las personas, en tanto que dicho derecho fundamental permite a su titular impedir su fijación, reproducción o publicación por parte de un tercero no autorizado sea cual sea la finalidad perseguida por quien la capta o difunde.
Aspectos como el carácter accesorio del uso de la imagen de una persona puede tener importancia a la hora de la determinación de la prevalencia del derecho a la propia imagen sobre el derecho a la información. Por ejemplo una fotografía que ilustra una noticia donde aparece la imagen de una persona con carácter protagonista podrá hacer prevalecer el derecho a la propia imagen sobre el de la información.
No olvidemos que también la imagen es un dato personal protegido por Ley, y su fijación y uso sin el consentimiento de su titular, podrá dar lugar a importantes sanciones administrativas a pagar por el infractor.

El uso de cámara oculta.

El uso periodístico de cámara oculta para la obtención de información o reportajes en los que se involucra a una determinada persona a la que se le graba sin su conocimiento y consentimiento, ha dado lugar a innumerables demandas y sus correspondientes sentencias.
La prevalencia del derecho a la información cuando hay uso de cámara oculta, sobre el derecho a la propia imagen (y muchas veces al derecho al honor y a la intimidad personal, que también podrían entrar en juego según el tenor de la información), es reconocido excepcionalmente, y siempre que se cumpla con determinados requisitos.
En este sentido sentencias del Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos humanos, han tenido en cuenta aspectos tales como: el interés general de los hechos, el grado de conocimiento público de la persona afectada, su comportamiento, la veracidad de la información, la proporcionalidad de su uso (si hay o no otros medios de obtener la información, y de publicarla de una manera adecuada, como difuminar el rostro, o evitar notas identificativas), o la efectividad de la noticia o el daño causado.
El Tribunal Supremo en STS 25/2019 de 25 de febrero, estimó la vulneración por Antena 3 TV, del derecho a la intimidad, el honor y la propia imagen del demandante, por la grabación (y emisión) con cámara oculta de un reportaje sobre terapias en la consulta del demandante.
En este caso se estimó que la información se podía haber obtenido de otra forma y que la emisión debería haber sido con el rostro del demandante debidamente ocultado.

Imagen de una persona en el entorno laboral

El derecho a la propia imagen también es reconocido en la legislación laboral expresa y adicionalmente.
Sin embargo la legislación laboral (Estatuto de los Trabajadores) reconoce también facultades empresariales de control, tal como la implantación de cámaras de vigilancia cumpliendo determinados requisitos y salvaguardando la dignidad del trabajador.
Solo cuando existan comportamientos del trabajador que pudieran presumir infracciones se podrá dejar de informar al trabajador. Todo ello siempre y cuando estas medidas sean proporcionales y también cumpliendo con determinados protocolos.

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Silvia Marín Palacios

Abogada Lawyou

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